Month: April 2022

Source: United States Department of Justice News

Nota: Las imágenes de la incautación están disponibles aquí. Vea la declaración del Fiscal General sobre la incautación aquí.

Lunes 4 de abril de 2022 – Las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles ejecutaron hoy una orden judicial española que congela el Motor Yacht (M/Y) Tango (el Tango), yate de lujo de 77 metros de eslora propiedad del oligarca ruso sancionado Viktor Vekselberg. Las autoridades españolas actuaron de conformidad con una solicitud de asistencia del Departamento de Justicia de EE.UU. tras la emisión de una orden de incautación, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, que alegaba que el Tango estaba sujeto a decomiso por los delitos de fraude, blanqueo de capitales y estatutos sancionadores. Por separado, las órdenes de incautación obtenidas en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia apuntan a aproximadamente 625.000 dólares asociados a partes sancionadas en nueve instituciones financieras de EE.UU. Esas incautaciones se basan en violaciones de sanciones por parte de varios ciudadanos rusos especialmente designados.

Según los documentos presentados en este caso, la investigación estadounidense alega que Vekselberg compró el Tango en 2011 y lo ha poseído continuamente desde entonces. Además, alega que Vekselberg usó compañías ficticias para ocultar su propiedad del Tango con el fin de evitar la supervisión bancaria de las transacciones en dólares estadounidenses relacionadas con el mismo. Además, después de que Vekselberg fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. el 6 de abril de 2018, la orden alega que Vekselberg y quienes trabajaban en su nombre continuaron realizando pagos en dólares estadounidenses a través de bancos estadounidenses para el apoyo y mantenimiento del Tango y sus propietarios, incluidos un pago por una estancia en un lujoso resort de villas acuáticas en las Maldivas en diciembre de 2020 y tarifas de amarre para el yate. Vekselberg tenía interés en estos pagos y, por lo tanto, se requirió una licencia del Departamento del Tesoro, que no se obtuvo.

“Esta es la primera incautación por parte de nuestro grupo de trabajo de un activo perteneciente a un individuo sancionado con estrechos vínculos con el régimen ruso. No será la última”, ha dicho el Fiscal General, Merrick B. Garland. “Juntos, con nuestros socios internacionales, haremos todo lo posible para responsabilizar a cualquier persona cuyos actos criminales permitan al gobierno ruso continuar su guerra injusta”.

“La acción de hoy deja claro que los oligarcas rusos corruptos no pueden evadir las sanciones para vivir una vida de lujos mientras los ucranianos inocentes sufren”, ha dicho la Fiscal General Adjunta, Lisa O. Monaco. “Hoy, el Departamento de Justicia cumple con su compromiso de responsabilizar a aquellos cuya actividad criminal fortalece al gobierno ruso mientras continúa librando su injusta guerra en Ucrania. Ese compromiso no hemos terminado de cumplirlo”.

“Hoy también anunciamos otro ejemplo de cómo el FBI hace uso de su presencia y sus alianzas internacionales, así como de su pericia y su experiencia, para rastrear e incautarse de dinero y activos ilícitos para contrarrestar las amenazas a nuestra seguridad nacional”, ha dicho el director del FBI, Christopher Wray. “Seguiremos utilizando todas las herramientas legales para perseguir los activos de los oligarcas rusos designados, como sea y donde sea que los oculten”.

La incautación fue coordinada a través del Grupo de trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia, grupo de trabajo interinstitucional encargado de hacer cumplir la ley y dedicado a hacer cumplir las sanciones amplias, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas que EE.UU. ha impuesto, junto con sus aliados y socios, en respuesta a la invasión militar no provocada de Ucrania por parte de Rusia. Anunciado por el Fiscal General el 2 de marzo y ejecutado por la Oficina del Fiscal General Adjunto, el Grupo de trabajo hará uso de todas las herramientas y la autoridad del Departamento para contrarrestar los esfuerzos para evadir o socavar las acciones económicas emprendidas por el gobierno de EE.UU. en respuesta a la agresión militar rusa.

“La incautación de este yate de lujo demuestra nuestra determinación para responsabilizar a quienes apoyan la invasión injustificada de otro país soberano por parte de Vladimir Putin”, ha declarado el fiscal federal para el Distrito de Columbia Matthew M. Graves. “Seguiremos utilizando todas las herramientas para hacer cumplir las sanciones dirigidas al régimen de Putin y los oligarcas que lo apoyan. Trabajando con nuestros socios federales e internacionales, seremos incansables en nuestros esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes violen estas sanciones y confiscar activos cuando sea apropiado y legal”.

“La incautación hoy del yate de Viktor Vekselberg, el Tango, en España es el resultado de un esfuerzo multinacional sin precedentes para hacer cumplir las sanciones de Estados Unidos dirigidas a aquellas elites que han permitido la invasión ilegal y no provocada de Ucrania por parte de Rusia”, dijo Andrew Adams, director del Grupo de trabajo KleptoCapture. “Para aquellos que han vinculado su fortuna a un régimen brutal y anárquico, la acción de hoy es un mensaje de que los países comprometidos con el estado de derecho están igualmente comprometidos con separar a los oligarcas de sus lujos corruptos. Esta incautación es solo el comienzo del trabajo de este Grupo de trabajo en este esfuerzo global para castigar a aquellos que han apoyado y continúan apoyando la tiranía para obtener ganancias financieras”.

“El FBI continuará trabajando con sus socios para proteger la integridad del sistema bancario y respaldar la aplicación de los programas de sanciones”, ha dicho el agente especial a cargo Michael F. Paul, de la oficina local del FBI en Minneapolis. “Los agentes y analistas del FBI, independientemente de dónde estén asignados en todo el mundo, trabajarán incansablemente para garantizar que quienes intentan evadir las sanciones rinden cuentas”.

“La invasión rusa de Ucrania fue un acto de agresión no provocada que tiene como objetivo la vida y el bienestar de millones de personas y amenaza la seguridad internacional”, ha declarado el agente especial interino a cargo Ricky J. Patel, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Nueva York. “Durante décadas, el régimen de Putin ha sido apoyado por un grupo de oligarcas rusos que abusaron de su poder en beneficio propio para acumular una riqueza incalculable. Como brazo de investigación del Departamento de Seguridad Internacional (DHS) el grupo de HSI se encuentra al frente de la lucha contra las redes globales que buscan violar las leyes de EE.UU. y explotar los sistemas financieros de nuestro país. Trabajando con nuestros socios en el Departamento de Justicia de EE.UU. y el FBI, responsabilizaremos a los oligarcas de Putin y les negaremos el lujoso estilo de vida que aprecian”.

Al recibir una solicitud de EE. UU. en virtud del tratado bilateral de asistencia judicial recíproca en asuntos penales, la autoridad central española de asistencia judicial recíproca remitió la solicitud a un fiscal español, quien obtuvo una orden de incautación de un tribunal español. La orden fue ejecutada por la Guardia Civil española el 4 de abril.

Se cree que el Tango, número 1010703 de la Organización Marítima Internacional, tiene un valor aproximado de 90 millones de dólares o más. El yate se encuentra ahora en Mallorca.

La carga de probar la confiscación en un procedimiento de confiscación recae sobre el gobierno.

Este asunto está siendo investigado por la oficina de campo del FBI de Minneapolis con la asistencia de la oficina de campo de HSI en Nueva York.

La fiscal federal adjunta para el Distrito de Columbia Karen P. Seifert y los asistentes legales para el Distrito de Columbia Brian Rickers y Jessica McCormick están gestionando la incautación. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha brindado una asistencia significativa en el trabajo con las autoridades españolas, así como la Sección de Blanqueo de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS por sus siglas en inglés) de la División Criminal.

In English

Source: United States Department of Justice News

Miami, Florida – Raidel Figueroa, the former CEO and co-owner of Pharmatech, LLC, a drug and dietary supplement manufacturer that operated in Broward County, Florida, has made his initial appearance in Fort Lauderdale federal magistrate court to face charges that he conspired to manufacture and distribute drugs outside the regulatory oversight of the FDA, to interfere with and obstruct the FDA. 

The unsealed indictment charges Figueroa with conspiracy to defraud the United States, falsification of records in a federal investigation, obstruction of proceedings before an agency of the United States, and distribution of adulterated drugs in interstate commerce.   

The indictment alleges the following: From 2016 to 2017, Pharmatech manufactured and distributed Diocto Liquid, a drug used to treat constipation.  In July 2016, FDA initiated an inspection at Pharmatech as part of an investigation into an outbreak of Burkholderia cepacia (“B. cepacia”) infections.  B. cepacia is the name for a group or “complex” of bacteria typically found in soil and water. These bacteria pose little medical risk to healthy people, but people who have certain health problems like weak immune systems or chronic lung diseases may be more susceptible to B. cepacia infections.  The effects of B. cepacia can include serious respiratory infections and other types of infections.  Contaminated medicines can transmit B. cepacia, and the bacteria are often resistant to common antibiotics.

At the close of the FDA’s Pharmatech inspection in August 2016, the FDA notified Figueroa that a water sample taken from Pharmatech’s system had tested positive for B. cepacia.  In response, Figueroa advised the FDA that Pharmatech was re-engineering its purified water system to prevent future contaminations, according to the allegations. 

In March 2017, the FDA started another inspection at Pharmatech. FDA investigators asked Figueroa to disclose all products that Pharmatech had manufactured after it resumed manufacturing.  It is alleged that Figueroa lied to the FDA investigators by, among other things, knowingly excluding Diocto Liquid from its products list (even though Pharmatech shipped over 7,000 units of the drug earlier that month) and by falsely stating to the FDA that Pharmatech’s new water system had met “acceptance criteria,” which was not true.

According to the indictment, in July 2017, the CDC notified the FDA of multiple cases of B. cepacia infections in pediatric patients at Stanford Children’s Health Lucile Packard Children’s Hospital in Palo Alto, California and Johns Hopkins Children’s Center in Baltimore, Maryland.  FDA investigated and collected bottles of Diocto Liquid from these medical centers.  It is alleged that the collected bottles were from the same lot that Pharmatech distributed in March 2017 – the same one that Pharmatech failed to disclose to the FDA.  Several of the bottles contained total aerobic microbial counts and total yeast and mold counts over acceptable limits and some of the bottles also tested positive for the presence of B. cepacia, says the indictment.   

Juan Antonio Gonzalez, U.S. Attorney for the Southern District of Florida, and Justin C. Fielder, Special Agent in Charge, Food and Drug Administration (FDA) Office of Criminal Investigations Miami Field Office, made the announcement. 

The FDA Office of Criminal Investigations Miami Field Office investigated the case.  Assistant U.S. Attorney Deric Zacca is prosecuting this case, with assistance from Laura Akowuah, from FDA’s Office of Chief Counsel.   

An indictment contains mere allegations and defendants are presumed innocent unless and until proven guilty in a court of law.

Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or at http://pacer.flsd.uscourts.gov, under case number 22-cr-60033.

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Source: United States Department of Justice News

DAYTON, Ohio – A local photographer with a history of sex offenses was sentenced in federal court to 18 years in prison for possessing child pornography, including images of young children he photoshopped to be sexually explicit.

Henry Douglas Hitchcock, 61, of Covington, Ohio, was also sentenced to 15 years of supervised release following his imprisonment.

According to court documents, Hitchcock possessed at least 220,000 images and videos depicting child pornography, which he had collected over a span of 20 years.

The defendant morphed images of pre-pubescent children to make the children appear nude.

Hitchcock was convicted of local child exploitation crimes in 1998 and 2002.

“Hitchcock has repeatedly demonstrated that nothing short of this significant term of incarceration will stop him from continuing to sexually exploit children,” said U.S. Attorney Kenneth L. Parker. “This office is dedicated to protecting children – the most vulnerable victims in our communities.”

Hitchcock was indicted by a federal grand jury in November 2021 and pleaded guilty in January 2022 to possessing child pornography.

Kenneth L. Parker, United States Attorney for the Southern District of Ohio, and J. William Rivers, Special Agent in Charge, Federal Bureau of Investigation (FBI), Cincinnati Division, announced the sentence imposed by Senior U.S. District Court Judge Thomas M. Rose. Assistant United States Attorney Christina E. Mahy is representing the United States in this case.

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Source: United States Department of Justice News

            WASHINGTON – A former school principal pleaded guilty today to stealing at least $175,000 from an association that raises funds from parent contributions and fundraisers to provide school-related services and activities to students, admitting that she used the money for personal purposes, including to qualify for a home mortgage loan.

            The announcement was made by U.S. Attorney Matthew M. Graves, Matthew R. Stohler, Special Agent in Charge, Washington Field Office, U.S. Secret Service, and Robert J. Contee III, Chief of the Metropolitan Police Department (MPD).

            Bridget Coates, 48, of Falls Church, Va., was the principal of St. Thomas More Catholic School in Southeast Washington at the time her criminal activity began, in 2012, until she resigned in 2018. She pleaded guilty in the U.S. District Court for the District of Columbia to a charge of wire fraud. The charge carries a statutory maximum of 20 years in prison and potential financial penalties. Under the Court’s sentencing guidelines, Coates faces a likely range of 27 to 33 months in prison and a potential fine of up to $100,000. She also has agreed to pay $175,000 in restitution and an identical amount in a forfeiture money judgment.

            The Honorable Dabney L. Friedrich scheduled sentencing for June 15, 2022.

            According to court documents, from June 2012 through December 2017, Coates devised a scheme to steal from the school’s Home School Association, an organization affiliated with the school that supported student services and activities. As the school principal, Coates had access to the Home School Association’s checks and could use her discretion to pay expenditures for only school-related purposes. Coates, however, engaged in a pattern of purchasing personal goods and services with the funds. Over the time period, she wrote approximately 66 unauthorized checks and deposited at least $175,000 into her personal bank account. Among other things, she used the funds to help her qualify for a home-mortgage loan.

            In announcing the plea, U.S. Attorney Graves, Special Agent in Charge Stohler and Chief Contee commended the work of those who investigated the case from the Secret Service and the Metropolitan Police Department. They also expressed appreciation for the efforts of those who handled the case for the U.S. Attorney’s Office, including Paralegal Specialist Chad Byron, and Assistant U.S. Attorneys Jeffrey Nestler and Marco Crocetti, who investigated and prosecuted the matter.

Source: United States Department of Justice News

The perpetrators of a $1.5 million Apple gift card scheme have been sentenced to a combined 13 years in federal prison, announced U.S. Attorney for the Northern District of Texas Chad E. Meacham. 

Syed Ali, 29, and his co-conspirator, Jason Tout-Puissant, 27, both pleaded guilty to wire fraud in 2019. Mr. Ali was sentenced in October 2021 by U.S. District Judge David Godbey to 37 months in federal prison; Mr. Tout-Puissant was sentenced today by the same judge to 60 months in federal prison and ordered to pay $1.26 million in restitution to Apple.  

According to plea papers, Mr. Tout-Puissant admitted that he stole multiple Apple point-of-sale devices – nicknamed “Isaacs” – from an Apple store in Southlake, Texas, then sat outside the store, logged onto the store’s wifi network, and loaded thousands of dollars of fraudulent store credits onto gift cards.

He then loaded the giftcards onto Apple Passbook, an application that generates QR codes for the value of gift cards, and sent screenshots of those codes to Mr. Ali.

In his plea papers, Mr. Ali admitted that he and an unindicted coconspirator used those QR codes to purchase thousands of dollars’ worth of Apple products from brick-and-mortar retail stores in New York.

According to the indictment, the conspiracy involved more than $1.5 million in fraudulently obtained Apple gift cards.

“If these defendants thought their million-dollar fraud would go unnoticed simply because they targeted a trillion-dollar company, they were sorely mistaken,” said U.S. Attorney Chad Meacham. “The Justice Department will not tolerate fraud against any company, be it a multinational corporation or a mom-and-pop operation. We are grateful to our FBI partners for their work on this case.”

 “The FBI is committed to tackling fraud schemes from every angle, and today the defendants will now be held accountable,” said Dallas FBI Special Agent in Charge Matthew J. DeSarno. “This carefully orchestrated scheme resulted in financial loss for a large corporation, and that fraud also victimizes American consumers.”

The Federal Bureau of Investigation’s Dallas Field Office conducted the investigation. The New York Field Office assisted with Mr. Ali’s arrest. Assistant U.S. Attorney Sid Mody prosecuted the case.