Source: United States Department of Justice 2
El Departamento de Justicia anunció hoy que ha llegado a un acuerdo conciliatorio con Youth UpRising, una organización comunitaria con sede en Oakland, California, que presta servicios para jóvenes. El acuerdo resuelve la determinación del Departamento que Youth UpRising vulneró la ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés) al discriminar a un empleado no ciudadano de los EE. UU. con base en su estatus de ciudadanía y tomar represalias contra un segundo empleado que intentó detener la discriminación.
«Los empleadores no pueden discriminar a los trabajadores a la hora de verificar su permiso para trabajar con base en su ciudadanía, estatus migratorio o nacionalidad de origen», manifestó Kristen Clarke, la Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. «Los trabajadores tampoco deben enfrentar consecuencias negativas cuando plantean sus preocupaciones sobre tal discriminación, y el Departamento de Justicia protegerá firmemente a aquellos que hagan valer sus derechos en nombre propio o de otros en virtud de esta ley».
La investigación del Departamento, que se inició con base en dos quejas, reveló que Youth UpRising discriminó ilegalmente a una no ciudadana de los EE. UU. recién contratada al rechazar su documentación válida que demostraba su permiso para trabajar y requerir otra documentación, debido a su ciudadanía. La empleada fue despedida al no poder cumplir con la exigencia documental innecesaria. El Departamento también concluyó que Youth UpRising despidió a otro empleado como represalia por investigar el incidente e intentar detener la discriminación. En virtud de la disposición antidiscriminatoria de la INA, todo empleado tiene derecho a elegir la documentación válida que desea presentar para demostrar que tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos, y a hacer valer los derechos protegidos en virtud de esa disposición sin enfrentar represalias.
Conforme al acuerdo, Youth UpRising pagará una sanción civil de $10,360 –el máximo permitido en esta instancia. Debido a que los exempleados recuperaron sus salarios perdidos antes de que el Departamento finalizara su investigación, el acuerdo no requiere ningún pago retroactivo adicional. En virtud del acuerdo, la organización también revisará sus políticas de empleo para cumplir con la disposición antidiscriminatoria de la INA; capacitará a los miembros del consejo directivo y a todos los empleados que son responsables de verificar el permiso de los trabajadores para trabajar en los Estados Unidos; y se someterá a supervisión del Departamento durante dos años.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; las prácticas documentales injustas; y las represalias y la intimidación.
Encuentre más información en el sitio web de la IER sobre cómo los empleadores pueden evitar la discriminación a la hora de verificar el permiso para trabajar. Aprenda más sobre cómo la IER protege los derechos de los trabajadores en este vídeo. Para más información sobre las protecciones contra la discriminación en virtud de las leyes de inmigración, llame a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llame a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); inscríbase en un seminario en línea gratuito; envié un correo electrónico a IER@usdoj.gov; o visite los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery.
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